En momentos en que el país debate cómo enfrentar la violencia contra las mujeres y que se conocen nuevos casos de feminicidios, Colombia dispone desde hoy de una herramienta concreta para fortalecer la prevención del feminicidio. Se trata de "Antes de que sea tarde". Esta es una guía gratuita elaborada por el escritor y periodista Yeiver Rivera, concebida como un instrumento de formación para identificar señales de riesgo antes de que la violencia escale hasta convertirse en un feminicidio.
jueves, 13 de agosto de 2026
“Antes de que sea tarde”: Colombia cuenta con una herramienta para fortalecer la prevención del feminicidio
En momentos en que el país debate cómo enfrentar la violencia contra las mujeres y que se conocen nuevos casos de feminicidios, Colombia dispone desde hoy de una herramienta concreta para fortalecer la prevención del feminicidio. Se trata de "Antes de que sea tarde". Esta es una guía gratuita elaborada por el escritor y periodista Yeiver Rivera, concebida como un instrumento de formación para identificar señales de riesgo antes de que la violencia escale hasta convertirse en un feminicidio.
martes, 16 de septiembre de 2025
¿Estamos condenados a repetir el Cartucho o el Bronx?
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| San Bernardo en el centro de Bogotá |
Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo: George Santayana.
El censo de habitantes de calle en Bogotá, realizado en 2024 por la Secretaría de Integración Social, y publicado a mediados de 2025, reveló una realidad alarmante a la que pocos le han dado importancia; y es que miles de personas subsisten en condiciones infrahumanas, sin acceso real a vivienda, salud u oportunidades: simplemente en la calle.
La invisibilización institucional alarma. Zonas como San Bernardo concentran, desde hace meses, —o años— una población en situación de calle creciente, con seguimiento cuando han estallado explosivos en el sector, pero sin planes efectivos para abordar sus necesidades.
El Bronx no fue una anomalía sino un síntoma de un modelo fallido que se sigue repitiendo como está documentado en el libro Viví en el Bronx, testimonios del horror . Esta zona era, de manera literal, un “infierno en la tierra”: drogadicción, violencia, —con desaparecidos, descuartizados, disgregados en ácido— y una estructura criminal establecida que operaba con la complicidad tácita de las autoridades.
Tras su intervención en 2016, sus habitantes se dispersaron a otros sectores y junto a ellos el consumo y las “ollas” de microtráfico, los más graves y reconocidos en el barrio María Paz de la localidad de Kennedy en el conocido “Cartuchito”, San Bernardo, y el canal Comuneros, pero sin una estrategia sólida de tratamiento ni rehabilitación como lo advertí en esta columna publicada en el diario El Espectador en 2017.
El resurgimiento se ha evidenciado desde el día cero y cada día las dinámicas que se presencian son similares a las del Bronx: invisibilización, desplazamiento institucional, enfoque asistencial sin garantías de permanencia ni trazabilidad social.
El Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado en 2021, prioriza valorización urbana, tránsito e inversión, pero relega lo social a un mínimo asistencial, que no es suficiente.
La problemática del Cartucho pasó la Avenida Caracas hacia el occidente y se fortaleció el Bronx; posteriormente este hizo la misma migración al oriente y se estableció en San Bernardo, vecino histórico del Bronx, donde cada día se ven condiciones de degradación con microtráfico, consumo abierto de sustancias psicoactivas, inseguridad y una población de calle precaria y sin alternativas reales.
Los 10.478 habitantes de calle que hay en Bogotá, según el censo, un 10 % más que en 2017, son personas que permanecen invisibles para la planificación y, por tanto, vulnerables a intervenciones urbanas excluyentes.
El desafío no es solo Bogotá. En Medellín, Cali, Bucaramanga o Barranquilla, emergen fenómenos de habitabilidad en calle que activan mecanismos similares con asentamientos precarios, expendedores y consumidores controlando territorios, y el Estado mostrándose incapaz de ofrecer soluciones estructurales.
Se debe reconocer que los habitantes de calle son sujetos de derecho, no obstáculos para la estética urbana y aplicar modelos internacionales como el Housing First de Finlandia, que desde 2007 enfocó sus políticas nacionales a la reducción del sinhogarismo a largo plazo mediante programas de vivienda, antes de cualquier tratamiento reduciendo, entre 2008 y 2017, un 76 % las personas que no tienen dónde vivir.
Por ello se deben replantear los planes parciales e intervenciones urbanas garantizando no solo compensación económica, sino inclusión habitacional y social.
Si no actuamos ahora corremos el riesgo de repetir el modelo del Bronx, si no es que ya no lo estamos viviendo. No podemos repetir intervenciones sin enfoque social que simplemente expanden las “ollas” y dispersan el sufrimiento. San Bernardo y María Paz podrían convertirse en epicentros de un horror que no supimos prever.
Bogotá todavía puede aprender y evitar repetir errores. Con decisiones integrales, sostenibles, enfocadas en lo humano, podríamos transformarlo en un ejemplo de renovación con justicia social. Pero el reloj corre: cada día perdido es un paso más hacia el siguiente Bronx.
Por Yeiver Rivera Díaz
Comunicador social-periodista, con maestría en Escritura Creativa. Autor de varios libros periodísticos entre los que están Viví en el Bronx, testimonios del horror; Ni una más ni una menos, la ruta al feminicidio; e Inocencia robada, abuso sexual en la infancia; al igual que de la novela Una vana ilusión .
lunes, 8 de septiembre de 2025
Sancionada ley para huérfanos por feminicidio
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| Las representantes Carolina Giraldo y Juliana Aray autoras de la ley |
Ocurrió en Cartagena del
Chairá, Caquetá. Y aunque suene doloroso decirlo, este caso no es una
excepción. Es el reflejo de lo que muchos niños y niñas viven a diario en
Colombia: pierden a sus madres víctimas de feminicidio y, con ellas, también la
posibilidad de una infancia protegida.
Por eso, la aprobación de la Ley
2530 de 2025 representa un paso enorme hacia la justicia social. Colombia
empieza, al fin, a saldar una deuda histórica con miles de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que quedaron huérfanos luego de que sus madres fueran
asesinadas por razones de género.
Durante años, estos menores
han vivido cargando un dolor inmenso. A ese dolor se sumaba la indiferencia del
Estado, que no supo —o no quiso— protegerlos como debía. Desde 2018 he alzado
la voz, insistiéndole al Estado que era urgente atender esta realidad. No hubo
un solo día en que dejara de insistir que estos niños no podían seguir siendo
invisibles.
Por eso esta ley también es
una victoria ciudadana. Es resultado del trabajo de organizaciones sociales, académicos,
familias en búsqueda de justicia, y medios de comunicación que ayudaron a
visibilizar el problema. Que el Congreso haya escuchado este clamor es
significativo y esperanzador.
La nueva ley establece un
sistema integral de protección para los menores que han quedado huérfanos por
feminicidio. Incluye atención en salud física y mental, acceso preferente a
educación y empleo, espacios para actividades culturales y deportivas, acompañamiento
psicosocial, asesoría jurídica y apoyo económico.
Uno de los elementos más
importantes es la creación del Registro Nacional de Huérfanos por
Feminicidio, una herramienta clave para dar seguimiento y garantizar la
atención permanente.
Esta ley también prohíbe que
los niños regresen a entornos donde se reproduzca la violencia ya que no se
puede entregar la custodia a los agresores o su círculo cercano. Esta era una
urgencia que no podíamos seguir ignorando.
También celebro que la ley
promueva un tratamiento más responsable en medios de comunicación y espacios públicos
sobre los feminicidios. Las historias de estas mujeres no pueden seguir siendo
contadas con morbo, sin contexto, o desde el sensacionalismo. Necesitamos
narrativas que respeten el dolor y dignifique a las víctimas.
Pero hay algo claro y es que
esto no termina aquí. El verdadero desafío está en lo que viene ahora. La
reglamentación y puesta en marcha de la ley será la prueba definitiva. Se deben
establecer rutas claras, capacitar funcionarios, coordinar esfuerzos entre
entidades y, sobre todo, escuchar a quienes han vivido estas tragedias de
cerca.
A estos niños no se les puede
ofrecer solo un subsidio. Necesitan acompañamiento emocional, justicia,
reparación, memoria… y un futuro digno. No basta con que sobrevivan al pasado,
hay que garantizarles vida, sueños, oportunidades.
Hacer cumplir esta ley es
tarea de todos. Que no quede en el papel. Que no se vuelva una promesa rota. Hay
que hacerle seguimiento y exigir que se traduzca en acciones concretas.
Por Yeiver Rivera Díaz
Comunicador, escritor y gestor
de la Ley 2530 de 2025. Autor de varios libros, entre ellos Ni una más ni
una menos: la ruta al feminicidio.


