martes, 16 de septiembre de 2025

¿Estamos condenados a repetir el Cartucho o el Bronx?

 

San Bernardo en el centro de Bogotá

Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo: George Santayana.

El censo de habitantes de calle en Bogotá, realizado en 2024 por la Secretaría de Integración Social, y publicado a mediados de 2025, reveló una realidad alarmante a la que pocos le han dado importancia; y es que miles de personas subsisten en condiciones infrahumanas, sin acceso real a vivienda, salud u oportunidades: simplemente en la calle. 

La invisibilización institucional alarma. Zonas como San Bernardo concentran, desde hace meses, —o años— una población en situación de calle creciente, con seguimiento cuando han estallado explosivos en el sector, pero sin planes efectivos para abordar sus necesidades.

El Bronx no fue una anomalía sino un síntoma de un modelo fallido que se sigue repitiendo como está documentado en el libro Viví en el Bronx, testimonios del horror . Esta zona era, de manera literal, un “infierno en la tierra”: drogadicción, violencia, —con desaparecidos, descuartizados, disgregados en ácido— y una estructura criminal establecida que operaba con la complicidad tácita de las autoridades.

Tras su intervención en 2016, sus habitantes se dispersaron a otros sectores y junto a ellos el consumo y las “ollas” de microtráfico, los más graves y reconocidos en el barrio María Paz de la localidad de Kennedy en el conocido “Cartuchito”, San Bernardo, y el canal Comuneros, pero sin una estrategia sólida de tratamiento ni rehabilitación como lo advertí en esta columna publicada en el diario El Espectador en 2017.

El resurgimiento se ha evidenciado desde el día cero y cada día las dinámicas que se presencian son similares a las del Bronx: invisibilización, desplazamiento institucional, enfoque asistencial sin garantías de permanencia ni trazabilidad social. 

El Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado en 2021, prioriza valorización urbana, tránsito e inversión, pero relega lo social a un mínimo asistencial, que no es suficiente. 

La problemática del Cartucho pasó la Avenida Caracas hacia el occidente y se fortaleció el Bronx; posteriormente este hizo la misma migración al oriente y se estableció en San Bernardo, vecino histórico del Bronx, donde cada día se ven condiciones de degradación con microtráfico, consumo abierto de sustancias psicoactivas, inseguridad y una población de calle precaria y sin alternativas reales. 

Los 10.478 habitantes de calle que hay en Bogotá, según el censo, un 10 % más que en 2017, son personas que permanecen invisibles para la planificación y, por tanto, vulnerables a intervenciones urbanas excluyentes.

El desafío no es solo Bogotá. En Medellín, Cali, Bucaramanga o Barranquilla, emergen fenómenos de habitabilidad en calle que activan mecanismos similares con asentamientos precarios, expendedores y consumidores controlando territorios, y el Estado mostrándose incapaz de ofrecer soluciones estructurales. 

Se debe reconocer que los habitantes de calle son sujetos de derecho, no obstáculos para la estética urbana y aplicar modelos internacionales como el Housing First de Finlandia, que desde 2007 enfocó sus políticas nacionales a la reducción del sinhogarismo a largo plazo mediante programas de vivienda, antes de cualquier tratamiento reduciendo, entre 2008 y 2017, un 76 % las personas que no tienen dónde vivir.  

Por ello se deben replantear los planes parciales e intervenciones urbanas garantizando no solo compensación económica, sino inclusión habitacional y social. 

Si no actuamos ahora corremos el riesgo de repetir el modelo del Bronx, si no es que ya no lo estamos viviendo. No podemos repetir intervenciones sin enfoque social que simplemente expanden las “ollas” y dispersan el sufrimiento. San Bernardo y María Paz podrían convertirse en epicentros de un horror que no supimos prever.

Bogotá todavía puede aprender y evitar repetir errores. Con decisiones integrales, sostenibles, enfocadas en lo humano, podríamos transformarlo en un ejemplo de renovación con justicia social. Pero el reloj corre: cada día perdido es un paso más hacia el siguiente Bronx. 

Por Yeiver Rivera Díaz

Comunicador social-periodista, con maestría en Escritura Creativa. Autor de varios libros periodísticos entre los que están Viví en el Bronx, testimonios del horror; Ni una más ni una menos, la ruta al feminicidio; e Inocencia robada, abuso sexual en la infancia; al igual que de la novela Una vana ilusión .

lunes, 8 de septiembre de 2025

Sancionada ley para huérfanos por feminicidio

Las representantes Carolina Giraldo y Juliana Aray autoras de la ley
En enero de 2025, Laura López Suárez, una joven de apenas 19 años, fue asesinada por su pareja sentimental, Arnoldo López, un hombre de 52 años. Estaba embarazada. Además del bebé que esperaba, dejó huérfanos a dos niños de 2 y 5 años.

Ocurrió en Cartagena del Chairá, Caquetá. Y aunque suene doloroso decirlo, este caso no es una excepción. Es el reflejo de lo que muchos niños y niñas viven a diario en Colombia: pierden a sus madres víctimas de feminicidio y, con ellas, también la posibilidad de una infancia protegida.

Por eso, la aprobación de la Ley 2530 de 2025 representa un paso enorme hacia la justicia social. Colombia empieza, al fin, a saldar una deuda histórica con miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que quedaron huérfanos luego de que sus madres fueran asesinadas por razones de género.

Durante años, estos menores han vivido cargando un dolor inmenso. A ese dolor se sumaba la indiferencia del Estado, que no supo —o no quiso— protegerlos como debía. Desde 2018 he alzado la voz, insistiéndole al Estado que era urgente atender esta realidad. No hubo un solo día en que dejara de insistir que estos niños no podían seguir siendo invisibles.

Por eso esta ley también es una victoria ciudadana. Es resultado del trabajo de organizaciones sociales, académicos, familias en búsqueda de justicia, y medios de comunicación que ayudaron a visibilizar el problema. Que el Congreso haya escuchado este clamor es significativo y esperanzador.

La nueva ley establece un sistema integral de protección para los menores que han quedado huérfanos por feminicidio. Incluye atención en salud física y mental, acceso preferente a educación y empleo, espacios para actividades culturales y deportivas, acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y apoyo económico.

Uno de los elementos más importantes es la creación del Registro Nacional de Huérfanos por Feminicidio, una herramienta clave para dar seguimiento y garantizar la atención permanente.

Esta ley también prohíbe que los niños regresen a entornos donde se reproduzca la violencia ya que no se puede entregar la custodia a los agresores o su círculo cercano. Esta era una urgencia que no podíamos seguir ignorando.

También celebro que la ley promueva un tratamiento más responsable en medios de comunicación y espacios públicos sobre los feminicidios. Las historias de estas mujeres no pueden seguir siendo contadas con morbo, sin contexto, o desde el sensacionalismo. Necesitamos narrativas que respeten el dolor y dignifique a las víctimas.

Pero hay algo claro y es que esto no termina aquí. El verdadero desafío está en lo que viene ahora. La reglamentación y puesta en marcha de la ley será la prueba definitiva. Se deben establecer rutas claras, capacitar funcionarios, coordinar esfuerzos entre entidades y, sobre todo, escuchar a quienes han vivido estas tragedias de cerca.

A estos niños no se les puede ofrecer solo un subsidio. Necesitan acompañamiento emocional, justicia, reparación, memoria… y un futuro digno. No basta con que sobrevivan al pasado, hay que garantizarles vida, sueños, oportunidades.

Hacer cumplir esta ley es tarea de todos. Que no quede en el papel. Que no se vuelva una promesa rota. Hay que hacerle seguimiento y exigir que se traduzca en acciones concretas.

Por Yeiver Rivera Díaz

Comunicador, escritor y gestor de la Ley 2530 de 2025. Autor de varios libros, entre ellos Ni una más ni una menos: la ruta al feminicidio.

jueves, 28 de agosto de 2025

Ley para huérfanos por feminicidio ya es una realidad

 

La contempla un marco integral de protección

Con la sanción de la Ley 2530 de 2025, Colombia dio un paso trascendental hacia la justicia social. Por fin el Estado reconoce y responde a una deuda histórica con miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que quedaron huérfanos tras el feminicidio de sus madres.

Durante años, estos menores cargaron en silencio el peso de un dolor profundo y de un abandono institucional que no supo –o no quiso– protegerlos. “Desde 2018, cuando comencé a exigirle al Estado atención para estos niños, no ha pasado un solo día en que no recuerde a las entidades que esta ley era urgente y necesaria”, afirma Yeiver Rivera Díaz, investigador social, escritor y uno de los principales impulsores de esta legislación.

Rivera, quien visibilizó esta tragedia en su libro Ni una más ni una menos: la ruta al feminicidio (2018), asegura que este avance es también una victoria ciudadana. “Hoy, al ver esta ley hecha realidad, puedo decir que el trabajo desde las organizaciones sociales, la academia, las familias que buscan justicia y los medios de comunicación sí tiene impacto y que el Congreso haya oído el clamor que se daba en todos los escenarios es importante para que hoy sea realidad”, agrega.

La ley establece un marco integral de protección para estos menores, incluyendo atención en salud física y mental, acceso prioritario a educación y empleo, participación en espacios culturales y deportivos, acompañamiento psicosocial, asistencia jurídica y apoyo económico. Uno de sus pilares fundamentales es la creación del Registro Nacional de Huérfanos por Feminicidio, una herramienta esencial para garantizar seguimiento, protección y atención continua.

Rivera destaca un aspecto especialmente sensible de la norma: “Es fundamental que esta ley impida que los menores queden nuevamente expuestos a contextos de violencia. No podemos permitir que la custodia regrese a manos del agresor o de su círculo cercano, como ha ocurrido en tantos casos”.

Como comunicador, también celebra que la ley incluya directrices claras para el manejo de la información sobre feminicidios en medios y espacios públicos. “Necesitamos un tratamiento responsable del lenguaje y de las narrativas. Esta ley habla también de buenas prácticas, de cómo contar estas historias sin revictimizar ni banalizar el dolor”, señala.

Sin embargo, advierte que el verdadero reto comienza ahora: reglamentar la ley y garantizar su cumplimiento. “Esto exige mucho más que discursos. Exige rutas claras, coordinación interinstitucional, formación a los funcionarios, y, sobre todo, voluntad de escuchar a las víctimas”.

Rivera lo resume con contundencia “A estos niños no se les puede ofrecer solo un subsidio. Necesitan protección emocional, acompañamiento real, justicia, reparación y memoria. Y necesitan que se les garantice un futuro digno, no solo sobrevivir al pasado”.

El llamado final es claro: es hora de que toda la sociedad sea vigilante. Esta ley debe cumplirse de forma ágil, oportuna y eficaz. Las víctimas no pueden esperar más.