Sancionada ley para huérfanos por feminicidio

Las representantes Carolina Giraldo y Juliana Aray autoras de la ley

En enero de 2025, Laura López Suárez, una joven de apenas 19 años, fue asesinada por su pareja sentimental, Arnoldo López, un hombre de 52 años. Estaba embarazada. Además del bebé que esperaba, dejó huérfanos a dos niños de 2 y 5 años.

Ocurrió en Cartagena del Chairá, Caquetá. Y aunque suene doloroso decirlo, este caso no es una excepción. Es el reflejo de lo que muchos niños y niñas viven a diario en Colombia: pierden a sus madres víctimas de feminicidio y, con ellas, también la posibilidad de una infancia protegida.

Por eso, la aprobación de la Ley 2530 de 2025 representa un paso enorme hacia la justicia social. Colombia empieza, al fin, a saldar una deuda histórica con miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que quedaron huérfanos luego de que sus madres fueran asesinadas por razones de género.

Durante años, estos menores han vivido cargando un dolor inmenso. A ese dolor se sumaba la indiferencia del Estado, que no supo —o no quiso— protegerlos como debía. Desde 2018 he alzado la voz, insistiéndole al Estado que era urgente atender esta realidad. No hubo un solo día en que dejara de insistir que estos niños no podían seguir siendo invisibles.

Por eso esta ley también es una victoria ciudadana. Es resultado del trabajo de organizaciones sociales, académicos, familias en búsqueda de justicia, y medios de comunicación que ayudaron a visibilizar el problema. Que el Congreso haya escuchado este clamor es significativo y esperanzador.

La nueva ley establece un sistema integral de protección para los menores que han quedado huérfanos por feminicidio. Incluye atención en salud física y mental, acceso preferente a educación y empleo, espacios para actividades culturales y deportivas, acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica y apoyo económico.

Uno de los elementos más importantes es la creación del Registro Nacional de Huérfanos por Feminicidio, una herramienta clave para dar seguimiento y garantizar la atención permanente.

Esta ley también prohíbe que los niños regresen a entornos donde se reproduzca la violencia ya que no se puede entregar la custodia a los agresores o su círculo cercano. Esta era una urgencia que no podíamos seguir ignorando.

También celebro que la ley promueva un tratamiento más responsable en medios de comunicación y espacios públicos sobre los feminicidios. Las historias de estas mujeres no pueden seguir siendo contadas con morbo, sin contexto, o desde el sensacionalismo. Necesitamos narrativas que respeten el dolor y dignifique a las víctimas.

Pero hay algo claro y es que esto no termina aquí. El verdadero desafío está en lo que viene ahora. La reglamentación y puesta en marcha de la ley será la prueba definitiva. Se deben establecer rutas claras, capacitar funcionarios, coordinar esfuerzos entre entidades y, sobre todo, escuchar a quienes han vivido estas tragedias de cerca.

A estos niños no se les puede ofrecer solo un subsidio. Necesitan acompañamiento emocional, justicia, reparación, memoria… y un futuro digno. No basta con que sobrevivan al pasado, hay que garantizarles vida, sueños, oportunidades.

Hacer cumplir esta ley es tarea de todos. Que no quede en el papel. Que no se vuelva una promesa rota. Hay que hacerle seguimiento y exigir que se traduzca en acciones concretas.

Por Yeiver Rivera Díaz

Comunicador, escritor y gestor de la Ley 2530 de 2025. Autor de varios libros, entre ellos Ni una más ni una menos: la ruta al feminicidio.